El Observatorio Judicial

Unos meses después de las elecciones judiciales, se prevén grandes cambios en la
administración de justicia. Una porción significativa de quienes presidirán los
órganos jurisdiccionales, tanto a nivel federal como en las entidades, habrá
accedido a sus puestos mediante el sufragio popular emitido el 1 de junio.
La magnitud de este cambio en los métodos de designación ha generado —y a la
vez ha sido impulsada por— expectativas colosales respecto al desempeño de los
nuevos juzgadores. Específicamente, se plantea qué resultados generará la
elección directa en términos de: una mayor proximidad con las demandas
ciudadanas, la reducción de los tiempos de resolución, la incorporación de temáticas
contemporáneas, la erradicación del nepotismo y la corrupción, así como otros
asuntos igualmente vitales.
Dejando de lado las numerosas —y, a mi juicio, bien fundamentadas— objeciones
sobre las motivaciones de la reforma, su proceso legislativo y la implementación
electoral, lo innegable es que el 1° de septiembre marcará el inicio de una nueva
configuración judicial. Esto implicará una profunda transformación en las
expectativas y en el simbolismo asociado a lo que se considera que debe ser la
judicatura mexicana contemporánea.
Además de concentrarse en lo que se aspira a lograr en esta etapa naciente, una
parte esencial del discurso que acompaña esta transición se centra en la superación
de las fallas del pasado. Abordar los problemas previos se vuelve crucial, ya sea
para justificar la pertinencia de la reforma y sus efectos, o como un genuino camino
para impulsar el avance en la impartición de justicia.
Dada la complejidad de elementos —de diversa intensidad y orientación— que
convergen en torno a esta reforma judicial, así como de sus alcances y posibles
consecuencias, se vuelve imprescindible desarrollar mecanismos y metodologías
de observación diferenciadas. Resulta vital documentar quiénes fueron elegidos y
las razones que explican su selección. Mirando hacia el futuro, es igualmente crucial
monitorear su conducta judicial diaria, los plazos de sus sentencias, sus
inclinaciones ideológicas, el cumplimiento de sus promesas de campaña y la
percepción general que generen.
Es primordial determinar los criterios de acción de los nuevos juzgadores —en todas
las instancias y materias— en relación con los precedentes establecidos por sus
antecesores al momento de forjar su propia jurisprudencia. De igual manera, es
fundamental examinar qué postura adoptarán los nuevos jueces, magistrados y
ministros frente a los criterios preexistentes en materias como derechos humanos
—salud, educación, debido proceso, entre otros —, la división de poderes y las
dinámicas entre la Federación y los estados. También será clave su actuación
respecto a las garantías de protección de derechos humanos de origen
constitucional o convencional, la procedencia del juicio de amparo o el interés
legítimo.
En un ámbito distinto, será indispensable seguir de cerca la labor de los integrantes
de los nuevos tribunales de disciplina judicial —federales y locales—, dada la vasta
influencia y autoridad que poseerán, no solo para fiscalizar la conducta individual de
los juzgadores, sino para definir las doctrinas judiciales que serán consideradas
aceptables o sancionables.
Ante esta vasta gama de asuntos, el Tecnológico de Monterrey decidió establecer
su Observatorio de la Justicia. Los trabajos preliminares arrancaron en septiembre
de 2024 con la integración del equipo conformado por Laurence Pantin, Roberto
Lara Chagoyán y este servidor. El apoyo de figuras clave como Edna Jaime, Decana
Nacional, y Naayeli Ramírez, Decana Noroeste de la Escuela de Ciencias Sociales
y Gobierno del Tec, fue determinante para poner en marcha el proyecto, al igual que
la contribución de Yadira García Montero para asegurar su continuidad.
Desde septiembre de 2024, nos abocamos a delinear los ejes temáticos, los
métodos para la identificación de casos y las estrategias de difusión dirigidas a la
comunidad jurídica y al público en general. Un gran número de académicos y
estudiantes del Tecnológico de Monterrey se sumó a la tarea de identificar criterios
y definir las técnicas de recopilación y presentación de la información. La labor del
núcleo inicial se potenció con la colaboración de diversas organizaciones civiles,
juzgadores retirados y especialistas en inteligencia artificial.
Desde el inicio, surgió una pregunta de gran relevancia: ¿qué mecanismo
aseguraríamos para que los datos recabados tuvieran una amplia difusión? A todos
los participantes nos inquietaba que los hallazgos quedaran confinados a un
reducido círculo de expertos o se limitaran a un reporte de difícil acceso o
conocimiento tardío.
La solución se materializó a través de una alianza estratégica con el Grupo Editorial
El Heraldo de México. Gracias a este acuerdo y al soporte de Antonio Holguin
Acosta, José Guillermo Silva Aguilar, así como Manuel Pérez Paz y Puente, los
resultados del Observatorio serán publicados de forma regular y periódica en las
distintas plataformas del Grupo. Mediante la revista El Mundo del Derecho,
noticieros, webinarios y otros recursos de El Heraldo de México, la ciudadanía podrá
acceder a información detallada sobre quiénes son, qué hacen y cómo actúan sus
juzgadores.
La fase más importante de la reforma judicial está por comenzar: aquella en la que
los jueces electos deberán materializar los compromisos que los llevaron al cargo.
La trascendencia de su labor y las expectativas de éxito son inmensas y cruciales
para el bienestar de la República. Por ello, el Tec de Monterrey y El Heraldo de
México han decidido unir fuerzas. Creemos que, más allá de la postura personal
que cada uno tenga sobre la reforma, el análisis constante y riguroso de su
desarrollo y de sus efectos resulta indispensable. El proyecto que iniciamos hace
meses está listo y, a los resultados ya obtenidos, se sumarán de manera masiva
aquellos que comenzarán a generarse a partir del 1° de septiembre. Gracias a
nuestra meticulosa preparación, podemos afirmar que estamos listos para contribuir
al entendimiento crítico de lo que pronto se pondrá en marcha en todo el país.